Desde hace más de una década, el porcentaje de la población sin seguridad social atendida en el sector privado ambulatorio creció de 31 a 60 entre 2012 y 2022, mientras que la población derechohabiente del IMSS usuaria de los servicios privados creció de 31% a 34% y la del ISSSTE de 28% a 41% en el mismo periodo.  Estas cifras revelan la menor capacidad resolutiva de los servicios públicos de salud para atender las necesidades de la población sin seguridad social.

La principal fuente de financiamiento de esta creciente atención en el sector privado ha sido el gasto de bolsillo, el cual después de un descenso sostenido entre 2002 y 2013, aumentó hasta llegar a 41% en 2021, una de las cifras más altas de los sistemas de salud latinoamericanos. Colombia y Costa Rica y Chile presentan porcentajes mucho menores de 15.1 y 22.4, respectivamente. El recorte presupuestal a los servicios públicos de salud de 11% en 2025 presagia una mayor privatización en la atención ambulatoria.

A pesar de su considerable crecimiento, esta privatización no ha sido ni rigurosa ni suficientemente abordada.  Por ello se denomina como silenciosa. Este fenómeno exige primero visibilizarse como problema de salud pública, producto de la falta de capacidad de los servicios públicos de salud para responder a la demanda de atención. Sin embargo, sigue siendo ignorada en el recientemente publicado Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. 

Requiere también implementar tres estrategias. La primera implica aumentar gradualmente el gasto público en salud para la población sin seguridad social hasta 30% -similar al gasto de la población con seguridad social- para revertir la tendencia del creciente gasto privado de bolsillo como porcentaje del gasto total. 

La segunda es asignar este incremento del gasto público en salud para mejorar la capacidad ambulatoria del sector público, a través de modelos de atención primaria preventivos y resolutivos de los crecientes problemas crónicos de salud. 

Finalmente, se debe aprovechar la capacidad resolutiva de la oferta ambulatoria privada, incluyendo los consultorios adyacentes a farmacias para atender sobre todo problemas agudos de salud e integrarlos a la red de servicios a través de una regulación efectiva. 

Sin estas medidas, la atención ambulatoria pública seguirá siendo insuficiente y la privatización mantendrá su silencioso crecimiento en perjuicio de la salud de la población más vulnerable de este país.

ESCRITO POR: DR. ADOLFO MARTÍNEZ VALLE