Especialistas analizaron qué tendría que ocurrir en los próximos meses para que el decreto del SUS pase del papel a la atención efectiva en 2027.

El 21 de mayo de 2026, el CIPPS de la Facultad de Medicina de la UNAM reunió a especialistas en derecho sanitario, sistemas de salud y política pública en el foro «Del decreto a la operación: condiciones críticas para el Servicio Universal de Salud en 2027», para analizar el decreto que crea el SUS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2026. Participaron como ponentes y comentaristas David J. Sánchez Mejía, Fernanda Cobo Armijo, Rafael Lozano Ascencio, Karina Barrios Sánchez, David Contreras-Loya y Juan Pablo Gutiérrez Reyes, con la moderación de Andrés Castañeda; en la discusión se sumaron Luis Durán, Marcela Agudelo y otras personas asistentes. La primera coincidencia de la mesa fue de precisión jurídica: el decreto no crea un sistema universal de salud. Crea un mecanismo de coordinación obligatoria entre instituciones públicas para intercambiar servicios, sin modificar el financiamiento, la infraestructura, los sistemas de información ni el artículo 123 constitucional, origen de la fragmentación del sistema mexicano. “Este decreto no crea un sistema universal de salud”, resumió Fernanda Cobo. David Sánchez añadió una paradoja normativa: por ley, la coordinación entre instituciones es optativa; el decreto la vuelve obligatoria sin que el Legislativo haya intervenido. Rafael Lozano propuso leer el documento desde el final: “en los transitorios no está la promesa, está la operación”. Esa lectura muestra plazos que no cierran. Los comités interinstitucionales debían instalarse antes del 2 de junio; a partir de ahí corren 90 días hábiles para las reglas de operación, lo que lleva el calendario hasta octubre, para un programa que debe arrancar el primero de enero de 2027. El propio decreto ordena iniciar servicios en enero y, en otro transitorio, concede un año para las adecuaciones tecnológicas. El financiamiento concentró buena parte de la discusión. El transitorio décimo establece que no habrá recursos adicionales en este ejercicio fiscal ni ampliaciones en los siguientes: el SUS operará redistribuyendo presupuestos de instituciones ya deficitarias. El esquema de compensación entre instituciones, además, no tiene fórmulas, tabuladores ni grupos relacionados de diagnóstico (DRG), y nadie sabe aún quién auditará esas tarifas. David Contreras-Loya advirtió que, sin reglas claras de DIÁLOGO ACADÉMICO · SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD CIPPS · 21 de mayo de 2026 2 pago, las unidades tendrán incentivos para rechazar casos, como ocurrió en los inicios del Seguro Popular. Sobre la credencialización, la mesa documentó riesgos de exclusión. Karina Barrios recordó que un cruce previo de padrones con la CURP perdió al menos 1.6 millones de hogares por inconsistencias en la clave, y que en varios estados hay población sin documentación. David Sánchez sumó el antecedente: la reforma de 2001 ordenó que la CURP absorbiera el número de seguridad social y, 25 años después, no ha ocurrido. Si la CURP se vuelve requisito de atención, personas migrantes, en situación de calle o trans quedarían fuera. La mesa también reconoció aciertos. La innovación real del decreto, señaló Cobo, es la continuidad de la atención: que una persona con un padecimiento crónico detectado en su institución de seguridad social pueda seguir atendiéndose ahí cuando pierde la derechohabiencia. Contreras-Loya subrayó que el bajo costo político del instrumento permite corregirlo sobre la marcha, y que un arranque escalonado, bien aprovechado, genera grupos de comparación para evaluarlo. ¿Y cómo evaluarlo? Lozano distinguió el acceso nominal —tener credencial, estar en el padrón— de la cobertura efectiva: usar el servicio cuando se necesita y recuperar la salud. Propuso medir el SUS contra las tres metas de cualquier sistema de salud: mejorar la salud de la población, proteger a las familias del gasto catastrófico y responder con trato digno a las personas. Su advertencia, en una frase: “un derecho que no se traduce en ganancia en salud, en protección financiera y en trato digno no es una reforma: es una promesa bien administrada”. De la discusión salió una agenda de trabajo: tarifas públicas con fórmulas auditables por un tercero; evaluación independiente y preregistrada del arranque escalonado; microdatos abiertos con indicadores difíciles de manipular, como la mortalidad hospitalaria por infarto a 30 días; y una nueva Ley General de Salud que ordene los cuatro mecanismos de coordinación que hoy coexisten. Marcela Agudelo cerró con un llamado a presentar proyectos de investigación aplicada sobre las barreras de implementación, por población asegurada y no asegurada. Como subrayó Lozano, la universalidad no se medirá en el padrón de quienes fueron a registrarse, sino en quienes todavía no están adentro

CIPPS-FACMED

UNAM.

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